Más allá del fujimorismo, la dictadura de la oligarquía
A fines del año 2000, tras la caída del fujimorismo, los que se creen “dueños” del Perú, los funcionarios del imperialismo gringo y la Oligarquía, se mantuvieron en el poder incólumes y con mejor capacidad de maniobra para explotar los recursos naturales del país y a nuestra gente. Plantearon la idea de que nacía un nuevo régimen político, que iniciábamos una era democrática y de éxito económico. Este régimen fue presentado como un consenso político entre la derecha conservadora y religiosa, un centro-derecha tecnocrático y liberal, los apristas y los izquierdistas moderados de la PUCP, quienes garantizaron la sujeción del país al Consenso de Washington.
Todos estos actores ingresaban al aparato estatal y al sistema político y se convirtieron en los nuevos administradores de la Dictadura Neoliberal. Se blindaron así, a las empresas trasnacionales y a las familias de la oligarquía, que habían estado implicados en la red de corrupción del fujimorismo de los noventa. La constitución del 93 se mantuvo. Las reformas económicas neoliberales fueron profundizadas.
Las instituciones creadas por la dictadura nunca fueron desmanteladas. Con Toledo los liberales se aliaron con la derecha conservadora y junto a varios izquierdistas se hicieron del gobierno. Con García los apristas convencieron a la derecha conservadora y al centro tecnocrático y gobernaron juntos. En el periodo de Ollanta, los izquierdistas aliándose con la derecha antifujimorista y los tecnócratas liberales ganan el gobierno, y con PPK los tecnócratas liberales dentro del mismo campo ganan la hegemonía. Con este juego político, han intentado mantener a raya al fujimorismo “autoritario y corrupto” y han evitado el surgimiento de una opción anti-establishment que quiera cambiar la constitución de 1993.
Los funcionarios neoliberales del Banco Mundial y el FMI lograron continuar dirigiendo la alta dirección del aparato estatal, en especial el ministerio de economía asegurando la continuidad de sus políticas. La dictadura neoliberal triunfaba con la complacencia de los ideólogos neoliberales de derecha y de (seudo) izquierda. Quienes comenzaron a decir hasta hoy que el sistema político en las últimas décadas había transitado de un régimen político dictatorial que era el fujimorista a otro democrático, intentando así, relativizar al neoliberalismo, diciendo que solo sería un paquete de medidas económicas de promoción del libre mercado, quitándole su característica esencial, de ser una herramienta de dominación en el actual sistema mundial.
Queda claro el modelo neoliberal no solo es un paquete de medidas, económicas también es un discurso político encargado de regular, controlar y negociar los entendimientos, comprensiones e interpretaciones de la vida social.
Luego de 25 años, las propuestas de bienestar propagandizado por el neoliberalismo no se han cumplido para la mayoría de peruanos. Durante años técnicos, políticos y periodistas nos dijeron que con el modelo neoliberal caminábamos al desarrollo, y que solo se debía poner el piloto automático. Dijeron que todos iban a ser emprendedores, y que la riqueza caería por goteo a los más pobres. Que privatizarlo todo era la modernidad. Se dijo que el Perú era un “milagro”. Sin embargo hoy el país sigue teniendo casi los mismos niveles de desigualdad de inicios de siglo pasado (prueba de ello es la gran concentración de la tierra).
El crecimiento económico que se obtuvo durante estos años por las exportaciones de minerales no ha podido construir la gran infraestructura que requiere el país para su desarrollo, ni pagar las deudas sociales y ambientales que urgen, mucho menos ha ampliado y mejorado la cobertura de servicios estatales y derechos sociales. La ciudadanía, esta incómoda por el alza de precios de la canasta familiar, la inseguridad y la extrema carencia de servicios públicos. La imagen de bienestar de ciertos sectores limeños acomodados, que funcionaba muy bien como ficción de bienestar nacional se ha roto.
El gobierno de Ollanta Humala generó una fuerte crisis de representación del actual régimen, con su giro conservador fecundó el distanciamiento, de la mayoría de peruanos que votaron por él, generando todo tipo de desconfianzas contra la izquierda, el nacionalismo y el progresismo. Su debilidad para enfrentar al neoliberalismo, así como para evitar el desprestigio de las instituciones y sobre todo para hacer frente a los grandes medios de comunicación, convertidos en guardianes de la inmutabilidad del modelo, ha generado una nueva arremetida neoliberal, con el fujimorismo en el control del tablero político, aliados con los apristas y demás conservadores, y el gobierno de Vizcarra-Villanueva cumple la agenda neoliberal hoy.
La izquierda parlamentaria y gremial ha capitulado ante la estrategia de la Oligarquía, han demostrado, que están muy lejos de querer un cambio de régimen que transforme el país y hacen poco por construir una fuerza contenciosa que jaquee a la dictadura, su proyecto de renovación de la izquierda es la renuncia a la revolución y al socialismo, siendo funcional al neoliberalismo.
La caída del ex presidente, PPK, hace pocos meses, es uno de los síntomas más nítidos de que existe una inestabilidad y pugna entre los grupos empresariales que gobiernan el país. A las familias Miro Quesada, Benavides, Romero, Brescia y compañía, miembros ilustres de la oligarquía peruana, se les están agotando sus cartas “candidatéales” a la presidencia al 2021. La idea de que el próximo presidente no sea uno de sus funcionarios políticos, les aterra.
Las denuncias, en el caso LavaJato, a los líderes de los partidos de derecha, han traído consigo implicancias graves para los intereses de la Oligarquía. Saben que la gente al estar asqueada de tanta corrupción, se ha desencantado de la política, ya no les creen a sus políticos y puede ganar las elecciones un líder populista, que no les obedezca y se les enfrente.
Por eso es que la Oligarquía cierra todo espacio de participación ciudadana y confunden a la ciudadanía desprestigiando a la política y reemplazándola con gerencia, encuestas de opinión y marketing. Están acostumbrados a actuar desde el secreto, con lobbys y anti-política. Los partidos políticos tradicionales son parte fundamental de la crisis del sistema político. Las ong’s y los partidos-personales se atribuyen la representación ciudadana, sin embargo son incapaces de incorporar a la gente a la acción política.
Aprovechando el vacío de representación en los sectores populares han emergido nuevas fuerzas conservadoras como las organizaciones religiosas que han asumido la representación de algunas demandas ciudadanas ultraconservadoras, intentando una transición hacia un régimen político populista autoritario, apoyándose en una política clientelista.
Las protestas sociales producto de conflictos entre el estado y cada sector, se recrudece cada vez más. La concentración mediática a través de El Grupo El Comercio, forma parte de la consolidación de su estrategia de propaganda y dominación simbólica. La regionalización, tal como está establecida en la constitución está diseñada para justificar y legitimar la concentración de poder en la ciudad capital, y a los mismos grupos de poder. Sin embargo, los procesos electorales regionales y locales son una oportunidad para que aparezcan propuestas alternativas y de cambio.
La dictadura neoliberal del gran capital financiero, extractivo y mediático; se enfrenta el accionar de nuevos actores políticos que con apoyo de la gente, avanzan en el entendimiento de la urgente necesidad de una transformación social, que forje un país más democrático con una Nueva Constitución que garantice los cambios estructurales de carácter patriótico, descentralista y soberano, que van más allá de la izquierda y la derecha.
Conquistar la Democracia, es una tarea revolucionaria, que requiere un movimiento de masas que cambie la hegemonia, exprese su voluntad en un gobierno que construya un Estado Soberano que genere bienestar para todos, defienda nuestros recursos naturales, el patrimonio y la riqueza nacional, devolviendo el poder de decisión a la gente, construyendo un Pueblo Constituyente, respetando sus derechos fundamentales, y expresando los anhelos de una sociedad étnicamente diversa, pluricultural y multilingüe. Es decir un Estado Plurinacional, promotor del desarrollo económico productivo, inclusivo y técnicamente diversificado. Tener inversiones limpias tanto nacionales como extranjeras que potencien la diversificación productiva, resuelva las deudas y exclusiones sociales y genere puestos de trabajos dignos con pleno respeto a los derechos laborales y responsables con los territorios.