Juliaca, una ciudad vibrante en el corazón de Perú, se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha contra la injusticia. A lo largo de su historia, Juliaca ha sido testigo de tensiones raciales, exclusiones sistemáticas y una persistente vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, las protestas recientes y el trágico fallecimiento de 18 juliaqueños a manos de la represión policial nos obligan a hacer una profunda reflexión sobre nuestro pasado, presente y futuro como nación.

Desde tiempos coloniales, la discriminación racial ha sido una constante en la región andina. Las comunidades indígenas y mestizas, como las que predominan en Juliaca, han enfrentado sistemáticamente barreras sociales, económicas y políticas. A pesar de constituir la mayoría de la población, han sido marginadas y excluidas de decisiones clave que afectan sus vidas.

Las recientes protestas en Juliaca no surgieron de la nada. Si bien, fueron detonadas con la caída del Gobierno de Pedro Castillo a consecuencia de sus errores, el complot de la derecha bruta y la traición de varios en su entorno. Estas fueron el resultado de años de exclusión estatal, corrupción y represión. 

La brutalidad policial, en lugar de ser un mecanismo de protección ciudadana, se ha utilizado como una herramienta para silenciar voces disidentes y perpetuar un sistema injusto. Fueron 18 juliaqueños de un total de 69 fallecidos durante las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023, siendo un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de esta represión ejercida por una República criolla que se desmorona.

La situación en Juliaca y todo el sur refleja una preocupante inestabilidad democrática a nivel nacional. El respaldo creciente a posiciones radicales y anti-establishment es una manifestación de la desconfianza generalizada hacia las instituciones democráticas. Esta polarización política no solo amenaza la cohesión social sino que también abre espacio para líderes y movimientos que buscan capitalizar el descontento popular para sus propios fines.

Para superar estos desafíos, es imperativo abordar las causas subyacentes de la exclusión, la discriminación y la represión. Se requiere un compromiso genuino con la justicia social, la igualdad racial y la protección de los derechos humanos. Esto implica reformas estructurales, inclusión política de los pueblos marginados y una revisión profunda de la normatividad y las prácticas policiales y de seguridad.

Además, es esencial reconstituir nuestras instituciones democráticas, unificar al país y a los peruanos, promoviendo el diálogo plural y combatir la desinformación así como redireccionar la radicalización de la gente, llevándola a afrontar los problemas que aquejan a todos los peruanos y no el odio de unos contra otros. Solo a través de un esfuerzo colectivo y una voluntad política real podemos construir un país más justo, inclusivo y democrático.

Hoy conmemoramos las protestas en Juliaca y la trágica pérdida de 18 vidas haciendo un llamado de atención a todos nosotros. Seamos conscientes que nos enfrentamos a desafíos profundos que requieren una respuesta integral y comprometida. Al honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida, debemos renovar nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Solo entonces podremos construir un futuro donde todos los peruanos, sin importar su origen racial o socioeconómico, puedan vivir con dignidad y esperanza.