Cuando un estado es incapacidad de mantener el orden y proteger a sus ciudadanos y se convierte en terreno fértil para el surgimiento de actores no estatales poderosos, como el narcotráfico, es un estado fallido. Desde esta perspectiva Ecuador se está aproximando peligrosamente a serlo. Esta afirmación se basa en varios indicadores preocupantes que han surgido en el país, entre ellos, el creciente control del narcotráfico sobre la ciudad, las cárceles y el financiamiento político.

Uno de los indicadores más alarmantes que señala la potencial condición de Ecuador como estado fallido es la creciente influencia del narcotráfico en diversas esferas de la sociedad. Las organizaciones de narcotraficantes han logrado infiltrarse profundamente en la estructura gubernamental y en las fuerzas del orden, generando una situación en la que el Estado ha perdido su capacidad para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Esta infiltración se manifiesta claramente en el control ejercido por el narcotráfico sobre las cárceles ecuatorianas, convirtiéndola sen verdaderos feudos donde las reglas de la ley y el orden han sido suplantadas por la ley del más fuerte.

Además de su influencia en las cárceles, el narcotráfico ha extendido su dominio sobre vastas áreas urbanas, transformando ciudades enteras en zonas de guerra donde la violencia y el crimen organizado es cosa de todos los días. La incapacidad del gobierno ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos se evidencia en el aumento de secuestros, bombas y asesinatos que han sacudido al país en los últimos días. Estos actos de violencia no solo representan una amenaza para la población civil, sino que también reflejan la creciente impotencia del Estado para mantener el orden y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Otro aspecto preocupante que refleja la potencial condición de estado fallido de Ecuador es el financiamiento político proveniente del narcotráfico. Las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en los círculos políticos y utilizar su influencia económica para manipular el proceso democrático y garantizar la impunidad de sus actividades ilícitas. Este fenómeno no solo socava la legitimidad del sistema político ecuatoriano, sino que también perpetúa un ciclo de corrupción e impunidad que beneficia a los intereses del narcotráfico en detrimento del bienestar de la sociedad.

Aunque la derecha ecuatoriana quiera negarlo, la situación en Ecuador es un claro ejemplo de las consecuencias devastadoras del neoliberalismo y la influencia desmedida de las élites económicas en la política nacional. La creciente desigualdad social, la corrupción rampante y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos son resultado directo de un modelo económico y político que prioriza los intereses de las élites a quienes se les garantiza todo sobre el pueblo ecuatoriano a quien se les niega todo, dejando terreno fértil para lo que hoy estamos viendo.

Además, la tendencia preocupante observada en Ecuador no es un fenómeno aislado. Dada la interconexión de las economías y la influencia regional del narcotráfico, existe un riesgo real de que la inestabilidad y la violencia observadas en Ecuador se propaguen a países vecinos como Perú. Si no se toman medidas urgentes para abordar las causas subyacentes de la crisis en Ecuador y fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, la región corre el riesgo de verse sumida en un ciclo de violencia, inestabilidad y deterioro institucional que será difícil de revertir.

En este momento el Ecuador se encuentra en una encrucijada peligrosa que amenaza con convertirlo en un estado fallido.