La minería en el Perú es un pilar fundamental de la economía nacional, representando cerca del 10% del PBI y el 60% de las exportaciones totales, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sin embargo, el sector no ha conseguido consolidarse como un motor de desarrollo territorial e integración nacional debido a la persistencia de conflictos sociales y fallas de gobernanza que reflejan las profundas desigualdades estructurales del país. De cara al próximo proceso electoral, es importante que el debate sobre la minería trascienda lo económico y aborde los desafíos políticos, sociales y éticos de construir un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

Actualmente, según el último reporte de conflictos sociales publicado por la Defensoría del Pueblo, existen 211 conflictos sociales activos en el Perú, de los cuales el 63% son de naturaleza socioambiental y el 66% están relacionados con la minería. Este panorama evidencia la incapacidad del Estado para desempeñar un rol articulador y regulador efectivo. Esta situación refleja un choque de paradigmas: el extractivista, que prioriza el crecimiento económico, y el de la economía de subsistencia, que busca preservar territorios y modos de vida. Este enfrentamiento no es circunstancial, sino el resultado de un modelo de gobernanza que ha privilegiado históricamente los intereses empresariales sobre los derechos de las poblaciones locales.

A esto se suma una aplicación limitada de instrumentos como la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT, que no garantiza un consentimiento informado efectivo. La percepción generalizada es que el Estado actúa como aliado del sector empresarial, deslegitimando su papel como garante de los derechos colectivos.

Incorporar una certificación social para la minería se presenta como una medida urgente e innovadora para reducir las brechas de confianza. Este instrumento establecería estándares claros y verificables de cumplimiento de los compromisos sociales, asegurando que los proyectos mineros obtengan y mantengan el consentimiento informado y continuo de las comunidades afectadas. Además, garantizaría transparencia en todos los procesos vinculados a la actividad minera, generando beneficios tangibles para las poblaciones de las zonas de influencia.

La certificación social, al vincular la continuidad de los proyectos al cumplimiento de compromisos sociales, podría reducir significativamente los conflictos. También permitiría alinear los intereses de las comunidades, las empresas y el Estado en un marco de gobernanza basado en la confianza mutua y el respeto a los derechos colectivos. Su éxito, sin embargo, dependerá de la capacidad del Estado para garantizar procesos independientes, técnicamente rigurosos y libres de presiones políticas o económicas.

La transformación del sector minero debe ir más allá de nuevos estándares y pasar por una redistribución justa de los beneficios. Según CooperAcción el canon minero, ha generado más de S/ 50 mil millones entre 2004 y 2022, este canon debe destinarse prioritariamente al cierre de brechas en salud, educación e infraestructura, pero a través de un ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) repotenciado y no de gobiernos regionales o locales con limitada capacidad de ejecución. Asimismo, es fundamental superar las restricciones de la actual ley de contrataciones e implementar contratos NEC (los mismos que se utilizaron con éxito en el país para la construcción de obras en los Juegos Panamericanos 2019) para agilizar y garantizar la culminación de obras financiadas con estos recursos.

Por otro lado, es urgente fomentar una minería moderna y tecnificada que minimice los impactos ambientales. Esto incluye transitar hacia energías renovables, rehabilitar pasivos ambientales, adoptar tecnologías que reduzcan emisiones y consumo de agua, así como integrar en la cadena de valor a las empresas comunales que sean asesoradas y capitalizadas por los gobiernos locales y regionales de los que forman parte. Estas acciones requieren reformas constitucionales que brinden el marco jurídico necesario para su implementación. Garantizar el desarrollo de los proyectos mineros de gran envergadura cumpliendo todas las nuevas exigencias que se establezcan sería una gran arma para enfrentar a la minería ilegal y delictiva.

La academia desempeña un papel crucial en la construcción de un modelo de minería sostenible. Actualmente, la investigación sobre el sector está concentrada en pocas instituciones y carece de una perspectiva integral que articule aspectos sociales, económicos y ambientales. Es necesario fomentar estudios que analicen temas críticos como la relación entre empresas y comunidades, la situación laboral de los trabajadores y la informalidad en el sector. Asimismo, es imperativo fortalecer la difusión del conocimiento, garantizando que las investigaciones académicas sean accesibles y contribuyan a la formulación de políticas públicas, aprovechar el canon que se les brinda a las universidades regionales para que ellas con esos fondos lideren este aspecto.

Esto implica la construcción de un Estado con carácter plurinacional que no solo reconozca las múltiples identidades y necesidades de la población, sino que articule estas diferencias en políticas concretas que fortalezcan la institucionalidad y la participación ciudadana. Este modelo no puede limitarse a un reconocimiento simbólico; debe traducirse en cambios estructurales que permitan integrar a todos los sectores en una visión compartida de desarrollo.

La minería, en lugar de dividirnos, tiene que convertirse en un eje de articulación para el progreso del país. Pero ello requiere superar divisiones históricas y construir un proyecto nacional que transforme la riqueza mineral en una verdadera riqueza nacional. Solo así podremos convertir este sector en una herramienta para alcanzar justicia y equidad en el Perú.